El cierre de una grada en el Estadio de Vallecas tras el último encuentro frente al Athletic Club ha sido llevado a los tribunales por la afición organizada del Rayo Vallecano. La sanción, impuesta por la RFEF, deja sin acceso a sus localidades a numerosos abonados, que según el escrito, no han sido involucrados en los hechos que motivaron la medida.
La demanda busca anular la decisión del Comité de Disciplina de la RFEF, que ordenó esta sanción debido al lanzamiento de aviones de papel desde esa zona en el partido del 10 de octubre, y denuncia la vulneración de derechos fundamentales de los aficionados.
La protesta se basa en cuatro derechos fundamentales
Los aficionados argumentan que la sanción contraviene los principios constitucionales del derecho penal, en particular el principio de legalidad y el de personalidad de las sanciones. Aducen que la medida no respeta la presunción de inocencia ni garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva, y apuntan además un quebranto del principio de igualdad.
Cuatro derechos constitucionales estarían siendo vulnerados por la sanción a la grada
El recurso indica que no existen pruebas individualizadas contra los abonados sancionados y que el cierre se ordenó antes de identificar con precisión desde qué localidades se produjeron los hechos. También cuestionan que el club haya quedado encargado de determinar qué bloques se ven afectados en la grada, impidiendo a los abonados intervenir en el proceso.
El TSJM pospone la decisión y reconoce posible compensación
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no suspendió la sanción antes del partido del 24 de octubre por la proximidad de la fecha, dejando a estudio el fondo del asunto sobre vulneraciones de derechos.
El TSJM aplaza resolución definitiva y admite posible resarcimiento económico
En su primer pronunciamiento, el tribunal reconoció que los perjuicios económicos para los abonados podrían ser compensables y los demandantes han presentado un recurso para la revisión de esta decisión, mientras continúa el procedimiento judicial.
Un posible precedente para las sanciones en el fútbol español
Los promotores de la demanda consideran que esta acción judicial puede sentar un precedente para otras situaciones similares en el fútbol español, cuestionando la posibilidad de que una federación clausure sectores completos del estadio sin atribuir infracciones individuales a todos los afectados.
La demanda podría cambiar cómo se aplican sanciones colectivas en el fútbol nacional
Según defienden, las sanciones que cierran partes del estadio se repiten cada temporada, pero los abonados afectados raramente tienen oportunidad de intervenir en los procedimientos, lo que genera dudas sobre la equidad y legalidad de dichas medidas.